Un grupo de empresas eran las encargadas de falsificar documentos y sobornar a miembros de la fuerza pública, con la intención de movilizar crudo extraído ilegalmente para después comercializarlo
Empresarios de Barrancabermeja, Sabana de Torres, Galapa, Barranquilla, en el Atlántico, y Cúcuta fueron enviados a la cárcel señalados por la Fiscalía de integrar la banda criminal ‘los de cuello negro’, encargada de extraer crudo ilegalmente a Ecopetrol, sobornar a funcionarios para que dejaran pasar esa carga y después comercializarla.
El crudo era extraído de pozos convencionales y del oleoducto Caño Limón Coveñas. Seis de sus integrantes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado. «De esta manera, habrían sacado provecho de algo más de 32.500 galones sustraídos de las líneas de transmisión, obtenido ganancias mensuales que alcanzaban los 2.000 millones de pesos e incrementado su patrimonio en más de 9 millones de dólares en cuatro años«, dice la Fiscalía.
Los investigados son: Germán Arturo Sánchez Sánchez, el señalado cabecilla y encargado de orientar la sustracción, transporte, almacenamiento, venta y distribución del hidrocarburo, así como la falsificación de documentos para dar apariencia de legalidad al producto; Ricardo Pacheco López, administrador de una planta de tratamiento de aceites y aguas residuales en Barrancabermeja, que serían utilizadas para recibir y almacenar el crudo, y realizar pruebas para determinar su calidad; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes en Cúcuta, quien estaría implicado en el acopio y comercialización del hidrocarburo; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico de una planta en Galapa, señalado de tratar el crudo y ejecutar pruebas de densidad y mezclas para optimizarlo. También están Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, que habrían cumplido roles determinantes que permitieron la reventa del crudo y ocultar su origen ilícito, registra en el boletín la Fiscalía.